EL DERECHO EDUCATIVO Y SUS PILARES FUNDAMENTALES

28 febrero 2012

La nueva visión del Derecho Educativo descansa sobre los siguientes pilares fundamentales:
1) Legitimación del derecho usando la escuela como laboratorio social.
2) Formación ciudadana democrática para todos los integrantes de la comunidad educativa.
3) Creación de normas de convivencia escolar basadas en valores fundamentales y no negociables; reconocidos internacionalmente.
4) Práctica diaria de la Cultura de Paz.
5) El reconocimiento constante del “otro”, con empatía y sin discriminación alguna.
6) La participación permanente y continua de toda la comunidad educativa.
7) La creación y práctica de normas educativas basadas en un derecho abierto y en continuo cambio.
8) Una vida escolar comunitaria que garantice la igualdad, la libertad, la justicia, el pluralismo, a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.
9) La defensa de los valores culturales locales, frente a la globalización.
10) El permanente sostenimiento de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
11) La protección de las niñas, niños y adolecentes como sujetos integrante principales de la comunidad escolar.
12) Una disciplina escolar basada en la concientización de los actores sobre el bien común.
13) La aplicación de una justicia integradora y no sancionadora.
14) Una organización escolar estructurada en la participación e integración fraternal de todos los integrantes de la comunidad escolar.


EL DERECHO EDUCATIVO EN EL CAMBIO DE PARADIGMA ESCOLAR

16 febrero 2012

Las características de los niños y niñas de hoy, no solamente denotan cambios en su excelente capacidad cognitiva, sino que también han transformado sus percepciones en todos los ámbitos, destacándose su agudo nivel de empatía y la posesión de una sorprendente apertura psíquica y espiritual, cambios que no son canalizados correctamente a nivel familiar ni escolar

I.- Otros niños, otra pedagógica, otro derecho

Es por ello, que hoy se necesita más que nunca, de una capacitación especial de padres y profesores; esta capacitación debe realizarse en forma urgente en la propia escuela, por medio de la práctica diaria de la convivencia, basada esta, en normas que contengan los valores fundamentales y que sean creadas, reformadas y aceptadas por toda la Comunidad Educativa, mediante su efectiva participación democrática.
El derecho debe acompañar a la nueva escuela, como instrumento principal de las interrelaciones subjetivas, acomodando su perfil en el nacimiento de una nueva humanidad, en la creación de un nuevo derecho, que acomode sus normas de convivencia a características especiales basadas en la expresión del sentimiento y no en su represión, normas de conducta cuya motivación sea el cimiento de la solidaridad y el amor; y no la competencia, la confrontación y la agresión.
Los fines a conseguir por medio de las normas del nuevo derecho deben ser el bien común, la ética, y la paz, erradicando definitivamente todo objetivo egoísta, dañino e inmoral de la Comunidad educativa y por lógica de la unidad escolar.
John White, miembro de la Asociación Antropológica Americana plantea que: “Se está perfilando una nueva humanidad, que se caracteriza por una psicología ya modificada”; eso se trasluce en que tenemos en nuestra casa y/o en el aula, a un niño/a cuyo aparato sensorial y emocional ya es más sensible; por lo que es capaz de percibir espectros energéticos y cognitivos que a veces el mismo adulto no percibe. Es por esto, que el mencionado investigador habla de un giro de la humanidad en su conjunto y lanza la posibilidad de la aparición del Homo Noeticus, el hombre de conciencia.
Es basada en estas transformaciones que proponemos que el Derecho Educativo elabore en cada ámbito escolar un programa especial que denominamos “Plan de Derecho Educativo para la Convivencia Escolar (P.D.E.C.E.)” con el objeto de activar diariamente la concientización de la Comunidad Educativa y tendiente a que la misma elabore y experimente sentimientos y pensamientos propios basados en valores genuinos, que conformen normas de convivencia sostenidas por el deseo del bien común y dirigidas a privilegiar la cultura de paz; y que su realización se formalice por medio de la aceptación de todos y el deseo ferviente de no querer imponerle al otro sus razones, sino que las normativas se basen en el respeto a los sujetos que integran el ámbito escolar y comunitario.
Es decir que si llegamos a la conclusión de que las características de los niños/as de hoy, no son solamente sus altas capacidades cognitivas, sino que contemplamos también sus amplias percepciones en todos los ámbitos, sus agudo nivel de empatía y sus sorprendentes aperturas psíquicas y espirituales.
Al mismo tiempo observamos una capacidad que los hace capaz de comprender y experimentar los sentimientos y pensamientos de los otros; sorprendiéndonos que puedan ver los diferentes aspectos de una misma cosa y también el contenido multidimensional de la misma, ha llegado el momento de pensar y concebir una pedagogía nueva destinada a ayudar al educando a desplegar una motivación solidaria y amorosa, no competitiva ni agresiva, al mismo tiempo que logre un sentido de identidad inclusiva-colectiva, no aislada-individual y también aptitudes que sostengan propósitos benevolentes y éticos, eliminando en las escuelas aquellas conductas dañinas, violentas e inmorales.
Es precisamente a esa “nueva pedagogía”, a la que debe apuntalar el derecho en las escuelas, formando normas de convivencia basadas en principios y valores no negociables, que surjan de una Comunidad Escolar consustanciada por una visión especial del Derecho Educativo, y lograda mediante el desarrollo del plan especial que venimos propiciando en nuestros documentos.

II.- La transformación del Derecho y la Escuela El Derecho Educativo emplea a la escuela como un laboratorio social, para procurar la legitimación del derecho; y la escuela debe emplear al derecho para concientizar a toda la Comunidad Educativa –no solamente a los alumnos- de una participación democrática activa en la conformación y aplicación de las normas de convivencia escolar.
Pero para lograr este objetivo, primero el derecho debe ser transformado en su visión y concepción.
El derecho debe dejar de ser represivo, basado en el miedo al castigo para lograr su cumplimiento. Precisamente el derecho fue perdiendo legitimidad y consenso en la sociedad, a medida que los preceptos impuestos querían manipular la conducta de las personas, por medio de la sanción o el soborno, produciendo en ellas una resistencia, al ser obligados a obedecer una disposición autoritaria, impuesta por otros sujetos, sin su participación ni aceptación, y que tampoco se basaba en valores fundamentales ni estaban destinadas al bien común.
El derecho en el laboratorio escolar debe ser conformado y aceptado por todos los integrantes de la Comunidad Educativa, que tiene necesariamente que participar y tener conciencia plena de que las normas de convivencia que se pone en vigencia en el ámbito escolar, deben ser respetada por su perfil especial, y que la mismas tienden a lograr, el bien común de todas y cada uno, de los sujetos que integran la comunidad escolar.
Si como expresamos anteriormente la “nueva humanidad” no se va a conformar en un Homo Sapiens, sino en un Homo Noeticus (hombre de conciencia); debemos trabajar para lograr que el nuevo derecho se base en la conciencia de su acatamiento y no en el cumplimento por miedo a la sanción.
Para poder lograr esta transformación del derecho debemos estructurar u plan especial (P.D.E.C.E.), para implementar en las escuelas la formación futura de una Comunidad Educativa concientizada en hábitos de aceptación y respeto por el otro y de confianza en solucionar sus diferencias por medio de la negociación, escuchando y comportándose como una persona que sabe estimular al prójimo y dar amor.
Para conseguirlo, lo primero es organizar el ámbito escolar de tal forma que todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa puedan participar de la actividad diaria escolar, involucrándose en la misma, interesándose por el centro escolar, y que cada integrante de esa comunidad, docentes, alumnos, padres, no docentes, ex alumno etc.; esté preparado para comprender que lo único valedero para alcanzar los objetivos de bien común es conseguir vencer los obstáculos que se presenten por medio de la negociación permanente y continua.
También es necesario consignar que para lograr trasformar nuestra conducta actual, debemos comprender y practicar concientizarnos que es necesario eliminar hábitos de culpar al otro, de quejarse, de criticar, de insistir, de amenazar, de castigar o sobornar al prójimo. Estos malos hábitos lo debemos trasmutar por hábitos de aceptación y estimulación de los otros integrantes de la comunidad escolar; debemos aprender a escuchar al otro y respetar sus ideas, no discriminando y apoyando el bien común y confiando siempre que podremos solucionar nuestras diferencias por medio de la mediación.
Todo estos hábitos deben estar aprendidos y practicados, formando una conciencia clara en todos los integrantes de la Comunidad Educativa, antes de que se plasme el nuevo derecho en las normas de convivencia escolar, con la participación y aceptación de todos y cada unos de sus integrantes.

III.- Conclusión Es nuestra propuesta que el derecho se emplee en la escuela como un soporte principal de cambio de conciencia y hábitos destinados a formar una nueva humanidad, lejos de los vicios actuales que desencadenan violencia y frustración en la comunidad mundial.
Es nuestro anhelo que este plan de cambio en la pedagogía y en el Derecho Educativo se lleve a cabo en todas las comunidades y escuelas, realizándose talleres y cursos de perfeccionamiento, cuyos objetivos sean la concientización de los docentes, padres y adultos de la necesidad del cambio y la transformación, para lograr en definitiva que por medio de la escuela se permita en forma inmediata que los nuevos niños/as se les brinde una educación acorde a su alta sensibilidad física y emocional, atendiendo en forma especial su aspecto social, ético y espiritual.


CAPACITAR EN ACUERDOS DE CONVIVENCIA

8 febrero 2012

El Derecho Educativo para la Convivencia Escolar (P.D.E.C.E.), es el proceso formativo, continúo y permanente que fundado en valores pretende desarrollar una cultura escolar que ayude a los sujetos de la comunidad educativa a crear normas de convivencia idónea para afrontar los conflictos escolares y resolverlos de forma pacífica y justa.
Se propone cambiar las normas escolares rígidas y autoritarias, por normas de convivencia basadas en el sentimiento del amor por el otro, en lograr el bien común y la formación en valores de toda la comunidad educativa.
Las normas deben contener en su esencia las tramas de sentimientos, y emociones que se generan y cultivan en la comunidad escolar, deben servir para regular la base de la afectividad humana, no se pueden concebir las normas como un herramienta para lograr el clima ideal del aprendizaje, esto lleva a sobredimensionar el régimen disciplinario, sino por el contrario las normas deben servir como una manera de aprender a convivir con el otro por medio del afecto mutuo.
Las normas deben representar el canal conductor de los sentimientos hacia uno mismo, hacia los otros, hacia la escuela y hacia la sociedad, deben ser el muestrario de los buenos sentimientos generados y desarrollados entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
Las normas de convivencia escolar deben tener la capacidad de motivarnos y de regular adecuadamente las relaciones que tenemos con los otros integrantes de la comunidad educativa.
La nueva escuela debe asumir el compromiso no solamente de enseñar conocimiento, sino también enseñar a ser y a relacionarse por medio del las normas de convivencia escolar. Para ello debe enseñar a toda la comunidad educativa a convivir en sociedad, aprender a respetarse a sí mismo y a respetar a los demás, ejercitando la solidaridad y compasión con los más desfavorecidos.
Las normas de convivencia deben evitar –en lo posible- toda disposición de vigilancia, amenaza y/o castigo, y apelar a la concientización de cada individuo sobre el respeto mutuo para la efectividad de su cumplimiento.
Cada escuela es única, diferente, por lo que debe concebir sus propias normas, que contengan sus particularidades y su cultura regional, que sea fruto de su historia y que contenga las peculiaridades de su gente y de su entorno.
El derecho en la escuela se viste de normas de convivencia para lograr una cultura de paz, y busca dar un salto espiritual que lo transforme en herramienta indispensable del contrato social de la comunidad educativa para vivir en armonía en la escuela y en la sociedad.
Para ello debemos estar dispuesto a recrear la comunidad educativa de una nueva forma, con nuevos acuerdos basados en valores olvidados que permitan acuerdos entre los miembros que conforman la comunidad escolar que reflejen comprensión sobre la necesidad de abandonar la competencia y la lucha, y reemplazarla por paz y armonía.
Los nuevos acuerdos a lograr en la comunidad educativa deben producir normas de convivencia que lleven a la escuela y a la sociedad a dar un salto gigantesco desde donde está ahora –sumida en la violencia- y llevarla hacia una sociedad altamente evolucionada. Para lograrlo debemos plantearnos un plan que con pequeños pasos dados día tras día, nos lleve a la transformación deseada.
Las llamadas Escuelas de padres y madres (que muy bien podrían convertirse en
Escuelas de la Comunidad Educativa) tienen en sí mismas un germen de formación que puede extender sus efectos a toda la escuela.
Son excelentes medios de formación y actualización. Los padres y madres que acuden a ellas dan a los hijos un ejemplo de actitud positiva hacia el aprendizaje. Todos somos educables, en todos los aspectos y en todos los momentos de la vida.
La participación, solidaridad y compañerismo; el descubrimiento del otro, su reconocimiento y respeto en lo que sea debido, así como la discrepancia y crítica constructiva; el distribuirse responsabilidades en proyectos conjuntos y dar cuenta de las mismas, o la capacidad de valorar los comportamientos propios y ajenos a la luz de los valores propios de una ciudadanía democrática, deben fundamentarse en todos los saberes escolares que amparan esas normas de la vida en común y, al tiempo, ser vividos en la trama de relaciones y experiencias del currículo escolar, la vida en la escuela, desde la tutoría, por poner un caso, hasta en los patios de recreo, las relaciones entre profesores y alumnos y las de los alumnos entre ellos mismos, las relaciones y dinámicas de trabajo dentro de la escuela y también en sus alianzas con las familias, la comunidad y el entorno.
Se trata de una forma de concretar el aprendizaje dialógico, que es el que resulta de las interacciones que produce el diálogo igualitario, esto es, un diálogo entre iguales, para llegar a consenso, con pretensiones de validez.
El concepto pasivo que existía de gobernabilidad y democracia obviaba el efecto cambiante del contexto actual. Hoy en día, la participación activa de los ciudadanos es no sólo posible, sino también deseable como elemento imprescindible para la democracia y de refuerzo de dicha gobernabilidad. No es posible una comunidad abierta, sin individuos reflexivos y autónomos, críticos y constructivos, pues sólo de ese modo puede hacerse posible su transformación.
Es preciso, entonces, la formación de los ciudadanos en aquel conjunto de virtudes y carácter (hábitos) que hacen agradable (además de posible) la vida en común. Cabe considerar, si no como valor superior en una escala, sí como base práctica de los restantes, el comportamiento “cívico”. Contribuir a la formación de ciudadanos es considerar como objetivo de la educación capacitar a los futuros ciudadanos, conjuntamente, tanto a ser individuos autónomos (“aprender a ser”), para orientarse de modo propio en la esfera pública; como a vivir con aquellas virtudes cívicas necesarias para asumir y profundizar la democracia (“aprender a vivir juntos”), que señala el Informe Delors. Una capacidad propia de juicio debe conjugarse con unos marcos comunes, propios de la identidad comunitaria, que conduzcan a solidarizarse, compartir y colaborar.
Este aprendizaje debe hacerse desde las múltiples posibilidades que ofrece la escuela y el entorno familiar y social: debe presidir la definición y puesta en práctica de los proyectos educativos del establecimiento escolar debe trabajarse en todas las actividades y, desde luego, en todas las áreas y materias. Debe estar presente dentro del recinto escolar y en el entorno que rodea a la escuela y en él debe participar el conjunto de la comunidad. Toda la sociedad tiene que intervenir en la puesta en marcha del proceso de implantación de estos aprendizajes, comenzando por todos los miembros de la comunidad educativa, hasta alcanzar a las familias y los municipios.


APUNTES PARA UNA DOCTRINA INTERNACIONAL DEL DERECHO EDUCATIVO

3 febrero 2012

I.-Libertad de enseñanza y Derecho Educativo: su articulación Podemos colegir que el Derecho Educativo comprende el derecho a disfrutar de una educación elegida por los padres, en un marco de responsabilidad y equidad que constituye la función esencial, pero limitada, del Estado.
En el terreno concreto de la libertad de enseñanza, no es exagerado afirmar que la función del Estado es a menudo un verdadero escollo, ya que se plantea la cuestión de las funciones respectivas de la sociedad civil y del Estado en la educación.
La reflexión de los órganos internacionales al respecto habrá de referirse, pues, a la articulación entre los derechos y los deberes del Estado y del ciudadano en el terreno de la enseñanza, y uno de los principales problemas será sin duda el de definir una doctrina universal, fundada en los derechos humanos, diferenciándola de aquello que, en un sistema educativo dado, corresponda a la legítima diferencia cultural.
En definitiva, lo que se plantea es todo el tema de la transversalidad del derecho. Si, diciéndolo de forma muy esquemática, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra la libertad de elección y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los deberes del Estado, no hay que olvidar que ambos textos remiten explícitamente (Arts. 46º y 24º) al conjunto de las normas de la Carta de las Naciones Unidas que expresa: “Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas […]”.
Por lo tanto llegamos a la siguiente conclusión: En el terreno que nos ocupa, no se puede reivindicar la libertad educativa negando que la educación es exigible también del Estado y, a la inversa, esta exigibilidad no puede hacer olvidar los derechos fundamentales de las familias ni la libertad educativa.

II.- El Derecho Educativo y la libertad académica Ahora bien, como es sabido, El Derecho Educativo abarca el universo educacional y no se puede limitar al mero ámbito escolar. Es por ello que el Derecho Educativo internacional es sin duda alguna de aplicación tanto a la universidad como a otros tipos de enseñanza superior, en el derecho internacional contemporáneo son muy escasas las disposiciones explícitas de protección de la libertad académica y de la autonomía de la universidad. Las únicas garantías a este respecto podrían ser las que aparecen en los párrafos 3 y 4 del artículo 15º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual los Estados se comprometen a respetar la libertad que es indispensable para la investigación científica y la actividad creadora y a alentar la cooperación internacional en cuestiones científicas y culturales. No existen garantías explícitas de la autonomía de la universidad y del derecho de los miembros de la comunidad académica a participar activamente en la autonomía de gestión de las instituciones de enseñanza superior, ni disposiciones detalladas sobre la protección de la libertad académica. La libertad general de pensamiento, opinión, expresión, información, reunión y asociación que se consagra en los artículos 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se considera evidentemente suficiente para proteger la libertad académica.
Salvo algunas alusiones a la libertad de investigación científica en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debemos reconocer que los instrumentos jurídicos internacionales no son muy explícitos en materia de libertad académica -y cabe incluir en la noción de libertad académica a los establecimientos de formación del profesorado-, actividad -a menudo a cargo de la universidad- que ilustra a la perfección lo que venimos diciendo: si el Estado tiene deberes en materia de educación, esos deberes conciernen claramente, y en una proporción considerable, a la preparación de los futuros profesores. Ahora bien, al mismo tiempo subsiste la dimensión de libertad, la cual exige la existencia de una oferta educativa plural, que a su vez postule el pluralismo en el ámbito de la formación académica del profesorado. En este plano académico, lo mismo que en el escolar, es esencial que la doctrina promueva la doble dimensión del Derecho Educativo.

III.- El Derecho Educativo y los derechos culturales Se comprende que todo lo que acabamos de decir acerca de la dimensión de libertad y de la dimensión social del Derecho Educativo puede postularse asimismo de los derechos culturales y sin duda aún más de los derechos culturales, ya que se menciona explícitamente que forman parte de la segunda generación de derechos humanos (derechos económicos, sociales y culturales). Por lo que no podemos limitar los derechos culturales a esta segunda generación de derechos y no vincularlos además a la cuestión de las libertades fundamentales, como las de conciencia, opinión, expresión, creación y comunicación, que forman parte de los derechos civiles y políticos; si únicamente consideramos los derechos culturales en tanto que exigibles al Estado, reducimos la cultura -y la educación, que es condición previa para el acceso a la cultura- a un mero bien de consumo.
Por lo general se ha considerado que los derechos a la cultura son derechos ordinarios (al disfrute de un bien), y no derechos del ser humano (a existir); y si se reduce a un bien de consumo exigible al Estado, la cultura pierde la fuente misma de su dinamismo, que reside en la participación, el empeño y, por lo tanto, la libertad de los agentes.
El Derecho Educativo lo mismo que la cultura es por excelencia portadora de diversidad, de pluralismo, y es sabido que toda prestación estatal tiende espontáneamente a la uniformidad. Es por esto que todo lo que se elabore en los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan del Derecho Educativo repercutirá inevitablemente en el progreso de los derechos culturales, lo cual pone de manifiesto, una vez más, la importancia de lo que está en juego.

IV.-La función del Estado Basándose en la transversalidad de los derechos humanos, a los cuales pertenece el Derecho Educativo, debemos tener en cuenta que se asigna al Estado, en materia de educación, la triple obligación de respeto, protección y pleno cumplimiento del derecho.
El primer nivel es el deber de respeto, por el que se prohíbe al propio Estado violar los derechos y libertades reconocidos, lo que quiere decir que debe abstenerse de inmiscuirse en el ejercicio de esos derechos o libertades como también de restringirlos. El segundo nivel es el del deber de protección, que obliga al Estado a adoptar medidas legislativas y de otro tipo para evitar y prohibir la violación por terceros de los derechos y libertades individuales. El tercer nivel se refiere al deber de velar por el disfrute pleno del derecho. Este deber podría calificarse de programático y entraña una visión a largo plazo. En general exige aportes financieros que no pueden asumir por sí solos los particulares. Esta tipología de deberes es aplicable a los derechos económicos, sociales y culturales como también a los civiles y políticos y demuestra que el disfrute de un derecho determinado exige a la vez la abstención y la intervención del Estado.
El Estado tiene, pues, la obligación de respetar las libertades personales. En el campo de la educación, corresponde a los padres adoptar las decisiones esenciales y el Estado no puede prevalerse de una supuesta incompetencia de aquéllos para confiscarles prerrogativas que consagran los derechos humanos. La obligación de protección establece una notable barrera frente al temor, expresado a menudo, de que grupos de presión, sectas o grupos de intereses de muy distintos tipos puedan asumir el control de algunas escuelas. El Estado vela por qué no se engañe al ciudadano libre y responsable en sus opciones en materia de educación y para que disponga de una información objetiva y completa. Por último, la obligación de garantizar el ejercicio pleno del derecho, al igual que los demás niveles de obligación, dimana del principio de subsidiariedad y obliga al Estado a intervenir cuando las personas no pueden manifiestamente actuar solas.

V.-La cuestión económica Como se expreso anteriormente, no se puede reducir la cuestión de la educación a una cuestión de dinero, pero ello no significa que la cuestión de la financiación de la educación no ataña también a la justicia y, por lo tanto, a los derechos humanos. Si bien la financiación de la educación no es lo primero que debemos abordar, deberá ser objeto de una atención precisa, puesto que hay modalidades de financiación que permiten el ejercicio efectivo del derecho y otras que impiden ponerlo en práctica. Tal es el caso de la libertad y de la financiación de establecimientos escolares que no sean públicos, conforme a una problemática existente en numerosos países que buscan nuevos caminos en este terreno.
Como se sabe las sumas gastadas por el Estado en educación son inversiones, en lugar de considerarlas un gasto. Los economistas calcularán el rendimiento de las inversiones en educación, pero es dable recordar con todo énfasis que el Derecho Educativo no debe ser analizado únicamente atendiendo a su rentabilidad económica; por lo que cuando reflexionamos sobre su implementación del mismo en las escuelas y comunidad educativa, propugnamos una financiación orientada hacia el sujeto –el educando-, en lugar de hacia el objeto –la escuela, el instituto, la universidad etc.-, teniendo presente que la prestación podrá perfectamente, en determinadas condiciones, corresponder a la sociedad civil.
Pese a lo que piensan algunos, no está todo por hacer en este terreno, pues ya se han elaborado en gran medida numerosas soluciones nuevas para financiar la educación y varias han sido experimentadas; pero el carácter todavía marginal de esas experiencias se debe a las lagunas existentes en la doctrina general sobre el Derecho Educativo y al hábito, enraizado desde hace largo tiempo, de confiar en exclusiva en el Estado para la financiación y la prestación de la educación.
En definitiva consideramos que esta clave de lectura podría ser extremadamente fructífera para elaborar una doctrina del Derecho Educativo internacional que respetara su dimensión de libertad y su dimensión social.